ALEJANDRO ASENJO “ART: El déjà vu no es casual”

9 de enero de 2026.

Hay momentos en los que el presente se parece peligrosamente al pasado. No porque se repita exactamente, sino porque vuelve a mostrar los mismos síntomas. Y cuando eso pasa, conviene frenar, mirar para atrás y preguntarse si de verdad aprendimos algo.

A mediados de los ’90, el sistema argentino de accidentes de trabajo estaba roto. No era una opinión: no funcionaba. Juicios interminables, indemnizaciones que llegaban tarde y mal, empleadores a la intemperie, aseguradoras que se retiraban del mercado y trabajadores que, aun ganando, perdían. Mucho ruido judicial, poca prevención y casi nada de protección real.

En ese contexto nació el actual sistema de ART. No por genialidad técnica ni por sensibilidad social, sino por necesidad pura. El esquema anterior había colapsado. La reforma fue hija de su época: privatización, previsibilidad, tarifa cerrada, exclusividad del sistema y la promesa implícita de un “pacto”: el empleador paga, la aseguradora responde, el trabajador cobra rápido y la justicia mira desde afuera.

Durante un tiempo, funcionó. Bajaron los accidentes, mejoró la cobertura, se profesionalizó la atención médica, el negocio fué rentable y apareció algo que antes casi no existía: la prevención. El sistema no era perfecto, pero estaba vivo.

El problema es que los sistemas no mueren de golpe. Se desgastan. Y el de ART empezó a hacerlo cuando la inflación licuó indemnizaciones, cuando la justicia reabrió la puerta por la ventana, cuando los peritos volvieron a cobrar a comisión y cuando cada reforma fue un parche para tapar la anterior.

Hoy, treinta años después, el mercado de ART vuelve a mostrar señales conocidas. Litigiosidad récord. Resultados técnicos negativos. Costos médicos descontrolados. Y ahora, algo más grave: insolvencia. El caso Galeno no es una anécdota ni un error de gestión aislado. Es un síntoma. Como lo fue, en su momento, la retirada masiva de aseguradoras a principios de los ’90.

Cuando una ART grande tambalea, no tiembla solo una empresa. Tiembla el sistema. Porque la ART no es un negocio cualquiera: es el amortiguador que evita que el accidente laboral vuelva a caer directamente sobre el empleador… o sobre el trabajador.

Conviene recordar cómo se produjo aquella transición de los ’90 -en la cual tuve el privilegio de participar por uno de los actores del mercado-, porque ahí podría haber un aprendizaje o una lección, para dar el puntapie inicial de la construcción colectiva a una solución o un remedio. El sistema anterior no se cambió por consenso académico ni por iluminación técnica: se cambió porque ya no daba más. Las aseguradoras se habían ido, los juicios se acumulaban, el Estado no podía sostener los costos y nadie estaba realmente protegido. Recién cuando el problema se volvió inmanejable apareció el acuerdo político, sindical y empresario que dio origen al sistema de ART. No fue una transición prolija ni ideal, fue una salida de emergencia aceptada por todos porque la alternativa era el vacío. Y eso mismo es lo que hoy vuelve a estar sobre la mesa: una transición que no va a nacer de la perfección, sino de la urgencia; que va a exigir renunciamientos cruzados en toda la cadena de valor y asumir costos políticos; y que solo será posible cuando TODOS comprendan que seguir estirando el problema es mucho más caro que rediseñar el sistema.

La pregunta inevitable es si alcanza con una solución “tipo 1995”. Y si bien detesto las contestaciones ambiguas, en este caso no hay chance de no caer en una de ellas, porque mi respuesta es: sí y no.

Sí, porque estamos otra vez ante un problema estructural. Y los problemas estructurales no se arreglan con circulares ni con discursos. Requieren acuerdos amplios, reglas claras y decisiones incómodas. Como en aquel entonces.

Pero no, porque repetir la receta sin corregir sus fallas sería suicida. El sistema ART no fracasó por su concepción original, sino porque pareciera que nadie se hizo cargo de hacerlo cumplir de verdad. Ni la justicia, ni la política, ni todos los actores al mismo tiempo.

Hoy no alcanza con cambiar la ley si los incentivos siguen torcidos. Si los peritos siguen facturando según el monto del daño. Si las tasas judiciales convierten cada juicio en una bomba financiera. Si las comisiones médicas existen en el papel pero no ordenan nada en la práctica.

Tampoco alcanza con cargarle todo el peso al mercado asegurador. Cuando el 90% de las ART opera con resultado negativo, el problema ya no es empresarial: es sistémico. Y los sistemas, cuando colapsan, no eligen a quién llevarse puesto.

La discusión real no es si el sistema debe ser privado o público, más o menos regulado, más o menos generoso. La discusión real es: ¿queremos un sistema que repare rápido y prevenga en serio, o uno que siga alimentando una industria del juicio donde todos ganan menos el que se accidenta?

Si la respuesta es la primera, entonces habrá que sentar otra vez a todos en la mesa. Estado, aseguradoras, empleadores, sindicatos y justicia. Y esta vez, sin trampas. Porque ya sabemos cómo termina algo cuando cada uno defiende su quintita.

La historia no se repite, pero a veces avisa. Y el sistema de ART hoy está avisando. Ignorarlo sería volver a aprender lo mismo… pero de forma mucho más costosa en todo sentido.