Indicadores de la Economía Argentina con foco en el Sector Salud.

15 de Enero de 2026.

Escribe Hugo Magonza

Presidente de la UNIÓN ARGENTINA DE SALUD. Director General del CEMIC

Con el objetivo de simplificar el análisis y facilitar su lectura, se han tomado dos referencias temporales claramente diferenciadas:

A) 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Prepaga (Ley 26.682).

B) 1 de enero de 2020, inicio de la pandemia de COVID-19.

En ambos casos, las mediciones se extienden hasta diciembre de 2025.

Los últimos seis años han estado fuertemente condicionados por la pandemia, un marco regulatorio crecientemente restrictivo y sucesivos períodos de congelamiento y control de precios. En ese contexto, la cuota promedio de la medicina prepaga se encuentra hoy un 10,4% por debajo del costo de vida, medido por el IPC general.

Este dato adquiere especial relevancia si se considera que los costos del sector salud crecen sistemáticamente por encima del IPC, con desvíos históricos que oscilan entre el 35% y el 50%. A ello se suman fenómenos estructurales y universales:

el envejecimiento poblacional,

la cronificación de las enfermedades,

la incorporación permanente de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas,

todos ellos factores que empujan los costos sanitarios al alza en todo el mundo.

En el caso argentino, esta dinámica se ve agravada por un marco normativo poroso, fragmentado y muchas veces contradictorio, que facilita abusos y distorsiones, alimentando un proceso de deterioro progresivo del sistema.

Cuando el análisis se amplía a un período más prolongado —los 13 años transcurridos desde la regulación del sector en 2012— la brecha se profundiza significativamente:

la cuota promedio queda 22,6% por debajo del costo de vida, y

76,9% por debajo si se toma como referencia el cálculo del PMO elaborado por las consultoras Prosanity / IPEGSA.

Cabe recordar que el sistema de salud privado, que incluye a las obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga (hoy agentes del Seguro Nacional de Salud), junto con PAMI, las obras sociales provinciales y otras creadas por leyes específicas, brinda cobertura a aproximadamente el 70% de la población argentina. Este dato es central para dimensionar la magnitud del problema y su impacto social.

Los costos de la salud crecen en Argentina como en el resto del mundo, pero aquí se ven particularmente impulsados por ineficiencias estructurales, exceso de burocracia y niveles de judicialización crecientes, tanto en los fueros Civil y Comercial como en el Laboral. Estas dinámicas se ven favorecidas por marañas normativas difíciles de interpretar, que terminan alimentando una verdadera industria del litigio, con elevados costos económicos y sistémicos.

A este escenario se suma una presión tributaria extremadamente elevada. Tanto para profesionales independientes como para trabajadores en relación de dependencia, la carga total —entre impuestos, aportes y contribuciones— se ubica entre el 48% y el 52%, lo que implica que un integrante del equipo de salud trabaja, en términos efectivos, casi medio año para pagar impuestos.

No puede omitirse, además, que la carga impositiva sobre las entidades prestadoras es igualmente significativa, aun cuando estas instituciones cumplen una función esencial que, de no ser financiada mediante aportes, contribuciones y pagos de bolsillo, debería ser absorbida íntegramente por el Estado a través del sistema público.

En este marco, el IVA deja de cumplir su lógica de impuesto al valor agregado y se transforma, en la práctica, en un componente directo del costo, dado que la mayoría de las prestaciones se facturan a entidades exentas. A ello se suma el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya alícuota es fijada discrecionalmente por cada provincia y oscila entre el 2% y el 9%, con promedios habituales del 4% al 5%.

Las entidades prestadoras de servicios de salud estarían más que conformes con estos márgenes si, al cierre de cada ejercicio económico, lograran equilibrar sus cuentas luego de pagar honorarios, salarios, cargas sociales, impuestos, insumos críticos, amortizar inversiones, renovar equipamiento y, además, cumplir con todas las regulaciones y exigencias propias de un sector crítico y altamente regulado como el de la salud privada.