Por qué es tan necesaria una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

14 de julio de 2025.

Escribe Hugo Magonza

Presidente de la UAS y Director de CEMIC

En salud, como en pocas otras áreas de la vida social, el acceso oportuno y justo a los avances tecnológicos puede marcar la diferencia entre vivir o morir. No se trata de una afirmación grandilocuente: es la realidad de quienes enfrentan diagnósticos complejos y requieren intervenciones que van desde nuevos medicamentos hasta prácticas quirúrgicas o dispositivos médicos. Y es precisamente en este punto donde la Argentina exhibe una de sus deudas estructurales más graves: la ausencia de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud (AETS).

A diferencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que se ocupa de aprobar productos en base a su seguridad y eficacia, una AETS tiene por misión evaluar las tecnologías ya aprobadas desde una perspectiva más amplia: clínica, ética, económica y social. En pocas palabras, su tarea no es validar si un producto puede ser utilizado, sino decidir si debe ser utilizado, cómo, en qué condiciones y para quiénes.

En países como Reino Unido, Suecia, Canadá, Brasil o incluso Colombia, las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (HTA, por sus siglas en inglés: Health Technology Assessment) son pilares de las decisiones sanitarias. Estas instituciones no tienen como objetivo principal "recortar costos", sino optimizar recursos. Optimizar no significa otra cosa que obtener el máximo valor por cada peso invertido, priorizando aquellas intervenciones que generan más salud, en especial entre quienes más la necesitan.

Uno de los grandes aportes de las HTA modernas es incorporar el enfoque de equidad distributiva a sus evaluaciones. Esto significa que no solo se mide si una intervención es costo-efectiva, sino también para quiénes lo es. La metodología conocida como DCEA (Distributional Cost-Effectiveness Analysis, o Análisis de Costo-Efectividad con Perspectiva Distributiva) permite estimar cómo se reparten los beneficios y costos de una tecnología entre distintos grupos de la población: por nivel socioeconómico, edad, género o lugar de residencia. Esto es particularmente crucial en sistemas como el argentino, fragmentado y desigual, donde el acceso a ciertas terapias depende más del azar del lugar de cobertura que de la necesidad clínica.

Algunos ejemplos bastan para ilustrar el punto. La incorporación de una nueva droga oncológica de alto costo puede beneficiar a una pequeña fracción de pacientes con cobertura privada de alta gama, mientras consume recursos que podrían haberse destinado a medicamentos esenciales o programas preventivos para miles de personas sin cobertura. Una AETS bien diseñada pone orden en estas decisiones. No desde el capricho tecnocrático, sino desde la evidencia, la justicia sanitaria y la racionalidad ética.

Otro elemento central es la participación ciudadana. Las agencias más modernas del mundo, como el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia en la Atención (NICE, por sus siglas en inglés) del Reino Unido, incluyen mecanismos formales para incorporar la voz de pacientes, profesionales y comunidades en la definición de prioridades. Esto no solo legitima las decisiones, sino que también mejora su pertinencia y aceptación social.

En Argentina, la ausencia de una AETS genera una situación paradojal: disponemos de tecnologías de punta, muchas veces importadas a precios exorbitantes, pero carecemos de un sistema que permita evaluar con criterios propios cuáles de ellas realmente aportan valor. Como resultado, convivimos con excesos (sobreuso de tecnologías costosas de bajo impacto) y carencias (falta de acceso a intervenciones básicas pero efectivas).

Lo que está en juego no es menor. La creación de una AETS con autonomía funcional, metodología robusta, transparencia total y ausencia de conflictos de interés no es un lujo tecnocrático. Es una condición necesaria para garantizar que el sistema de salud argentino utilice los recursos de manera eficiente y justa. Y, sobre todo, para que las decisiones sobre qué tecnologías financiar no sigan respondiendo a lobbies sectoriales, presiones judiciales o inequidades históricas, sino a criterios técnicos, éticos y centrados en el bienestar de la población.

La creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS) no es una solución mágica por sí sola. Requiere, como condición indispensable, formar parte de un robusto y coherente plan nacional de salud que le otorgue sentido y capacidad de incidencia real. Ya nadie discute si sus dictámenes deben ser vinculantes: es imprescindible que lo sean. De lo contrario, la agencia corre el riesgo de transformarse en un mero órgano consultivo sin impacto en las decisiones clave de cobertura y financiamiento.

Mientras tanto, en el marco de un régimen republicano que respeta la división de poderes, la Justicia podrá —como es su atribución— tomar las decisiones que considere adecuadas. Sin embargo, no podrá omitir la consulta previa a una AETS, ya que esta debe ser reconocida como el órgano técnico natural y especializado, superador —en conocimiento, método y legitimidad— de cualquier perito oficial o de parte.

La participación de la AETS antes de la incorporación efectiva de una tecnología al sistema de salud, le otorga al Estado la herramienta estratégica para negociar precios y condiciones de ingreso con base en evidencia científica y valor sanitario. Este mecanismo permite, además, neutralizar o mitigar los efectos monopólicos que —por su propia lógica de innovación, exclusividad y asimetría de información— acompañan a toda nueva tecnología, especialmente en sus fases iniciales de comercialización.

En definitiva, una AETS es una herramienta para que el derecho a la salud no dependa de la suerte, la cobertura o el poder adquisitivo, sino de la evidencia y la equidad. Como toda decisión política importante, requiere voluntad, consenso, idoneidad y claridad de propósito. El Congreso Nacional tiene la palabra y la sociedad el derecho a exigirlo.