CARANCHOS VIP y el Caso TRUGLIO

19 de agosto de 2025.

La reciente desarticulación de la banda de los “Caranchos VIP” en Morón, sumada al histórico caso “Truglio” en Lomas de Zamora, vuelve a dejar en evidencia la creciente sofisticación del fraude en el mercado asegurador argentino y la necesidad de respuestas firmes y coordinadas por parte de todos los actores del sistema.

La investigación sobre los Caranchos VIP llevada adelante por el Fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nro. 5 de Morón, reveló una organización integrada por abogados, gestores y profesionales de la salud que idearon un esquema delictivo para captar asegurados y terceros —en su mayoría motociclistas— dispuestos a denunciar siniestros ficticios. A través de redes sociales ofrecían dinero a asegurados reales a cambio de efectuar la denuncia  de un siniestro en determinadas compañías aseguradoras y, una vez concretada, transferían el pago acordado mediante cuentas de Mercado Pago. Con la denuncia en curso, los abogados, valiéndose de poderes falsificados, simulaban la representación de los supuestos damnificados y, mediante documentación adulterada y certificados médicos falsos, iniciaban reclamos para obtener indemnizaciones indebidas.

El caso cobró gran repercusión pública, no solo por la detención de varios implicados y la fuga de otros que se encuentran con pedido de captura internacional, sino también por el rol protagónico de Matías Rodrigo Giovanelli, un abogado influencer con miles de seguidores en redes sociales, quien se presentaba como referente legal mientras lideraba parte de la maniobra.

Por su parte, la causa “Truglio, Alfredo Daniel y otro s/Asociación Ilícita”, en trámite en Lomas de Zamora, marcó un precedente trascendental: por primera vez, la Superintendencia de Seguros de la Nación se presentó como particular damnificado en un proceso de estas características, reafirmando su compromiso en la lucha contra el fraude y asumiendo un rol activo en la defensa de los intereses de los asegurados y de la estabilidad del mercado.

En este caso el Juzgado de Garantías N° 3 de Lomas de Zamora elevó la causa a juicio oral contra 20 de los 24 imputados por asociación ilícita, defraudación, encubrimiento agravado y acceso indebido a bases de datos.

La investigación expuso un entramado en el que abogados lideraban la maniobra, apoyados por punteros encargados de captar víctimas, falsos testigos, peritos comprometidos y empleados judiciales que filtraban información reservada. Se realizaron 26 allanamientos coordinados, se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y teléfonos, y se detuvo a 13 personas, incluido Alfredo Truglio, principal imputado. A algunos de los imputados se les concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba y varios permanecieron bajo prisión preventiva hasta acceder a acuerdos de juicio abreviado, que fueron homologados en fecha reciente por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de Lomas de Zamora, que condenó a nueve imputados a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, con inhabilitación especial -en el caso de los abogados- para ejercer la profesión durante el mismo plazo, por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso ideal con defraudaciones en concurso real entre sí.

Un flagelo que compromete la sostenibilidad del sistema

El fraude en seguros no es un hecho aislado ni menor: se trata de una práctica ilícita sistemática que erosiona la confianza en el sistema asegurador y termina castigando a quienes cumplen con la ley. Las estimaciones de la International Association of Insurance Supervisors (IAIS) y de la Coalition Against Insurance Fraud son contundentes: las pérdidas derivadas de estas maniobras alcanzan entre el 5% y el 10% de la facturación global del sector asegurador, afectando no solo a las compañías, sino también a la integridad del mercado y a los asegurados honestos.

En la Argentina, si bien no contamos con estadísticas oficiales consolidadas, los estudios realizados por cámaras empresarias y aseguradoras revelan un escenario alarmante: entre el 10% y el 15% de los siniestros pagados presentan indicios de fraude, y la proporción asciende al 47% cuando se analizan siniestros denunciados con señales sospechosas. Se calcula que este flagelo representa entre el 2% y el 3% de las primas totales, lo que equivale a sumas millonarias, que en determinadas ramas las denuncias falsas o exageradas alcanzan hasta el 45% de los reclamos (AACS, Cobertura, junio 2023; Sancor Seguros, ATPAS, 2021).

Desde mi experiencia como abogada penalista y ex funcionaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación, resulta evidente que estas maniobras delictivas no solo generan pérdidas económicas: también lesionan el orden público y la buena fe contractual, pilares esenciales del sistema asegurador.

A nivel internacional, la encuesta FRISS 2022 confirmó que uno de cada cuatro siniestros sospechosos termina siendo fraudulento y que el fraude representa cerca del 10% de los costos por siniestros totales. En América Latina, el problema se agrava: el 19% de las aseguradoras carece de mecanismos específicos para prevenir el fraude, y apenas un 25% utiliza soluciones externas robustas (FRISS, Insurance Fraud Insights 2024, citado por Todo Riesgo).

Combatir el fraude no es solo una cuestión económica, sino una obligación ética y legal que impone a compañías, organismos de control, profesionales del derecho y operadores judiciales el deber de dar una respuesta firme y coordinada. Las cifras disponibles refuerzan la urgencia de implementar políticas efectivas de detección temprana, fomentar la cooperación interinstitucional y promover la denuncia activa ante la Justicia, como única vía para resguardar la integridad del sistema asegurador y proteger a los asegurados.

La necesidad de mecanismos de prevención y denuncia

El desmantelamiento de estas organizaciones fue posible gracias a la articulación entre la Justicia, las fuerzas policiales y la cooperación de aseguradoras que aportaron información clave. Esta sinergia demuestra que la detección temprana, la denuncia oportuna y el intercambio de datos son esenciales para combatir el fraude.

Es indispensable actuar de manera organizada y sostenida a la vez que resulta esencial que las aseguradoras cuenten con equipos preparados para investigar y auditar siniestros, y que existan canales de denuncia ágiles y bien definidos para trabajar en conjunto con la Justicia y con la Superintendencia de Seguros de la Nación. Al mismo tiempo, es crucial generar conciencia en los asegurados: el fraude jamás es un “delito sin consecuencias”. Cada maniobra ilícita termina trasladándose a quienes cumplen con la ley, encareciendo las primas, afectando la estabilidad del sistema y debilitando la confianza en el mercado asegurador.

Un desafío impostergable para el mercado asegurador argentino

Los casos Caranchos VIP y Truglio son una señal de alerta: las organizaciones fraudulentas perfeccionan cada vez más sus maniobras, lo que exige respuestas más sofisticadas y un compromiso real de denuncia y cooperación por parte de todo el sector.

En un contexto económico desafiante, donde la sostenibilidad del sistema asegurador es clave para proteger a personas y empresas, combatir el fraude es tanto una obligación legal como un deber ético.

La desarticulación de estas bandas demuestra que, cuando la Justicia, los organismos de control y el sector privado trabajan en forma coordinada, el fraude puede ser detectado, denunciado y sancionado. El reto es que estos casos no sean excepciones, sino el inicio de una política sistemática de prevención, detección y denuncia que fortalezca la confianza y transparencia del mercado asegurador

 Por Ana Durañona y Vedia, abogada penalista en Estudio “Nicolás F. D’Albora – Abogados”